Capítulo VII. Los verdugos que nunca existieron
Los Márquez guardan hasta los dientes que hallaron al construir su casa, aquí donde el ejército asesinó a mil personas -la mayoría niños- hoy hace 30 años. Y mientras el Estado sigue negando justicia, El Mozote sigue negándose a convertirse en cicatriz.
Daniel Valencia Caravantes / Fotos: Bernat Camps
Publicado el 12 de diciembre de 2011
Domingo Monterrosa, a la derecha, junto al teniente coronel Sigifredo Ochoa Pérez. Santa Clara, San Vicente, 1983. Foto pública tomada del muro de ASVEM en Facebook.
Domingo Monterrosa, a la derecha, junto al teniente coronel Sigifredo Ochoa Pérez. Santa Clara, San Vicente, 1983. Foto pública tomada del muro de ASVEM en Facebook.

Por la calle negra que atraviesa el departamento de Morazán, patrullan hoy unos soldados que en la solapa cargan, bordado, el nombre del comandante que dirigió todas las masacres de El Mozote.

En nada tienen que ver esos soldados de hoy, con los soldados de hace 30 años. Pero mucho tienen que ver con la ironía, la burla, la demostración de poder del ahora.

“Tercera Brigada de Infantería, teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios”, se llama el regimiento que domina toda la zona oriental del país. Ese es el nombre que llevan bordado en la solapa los soldados.

Los verdugos que no existieron siempre fueron –y han sido-“héroes” para un ejército y un país que le temen verse frente al espejo de la historia.

El primero en llamarlos así fue el ministro de Defensa de aquellos días, José Guillermo García. La Prensa Gráfica reportó el 17 de diciembre de 1981, cuatro días después de finalizadas las masacres, que José Guillermo García calificaba como “verdaderos héroes” a los soldados que arriesgaban su vida en las montañas de Morazán, para librar al país de la guerrilla.

Tres años más tarde, el 23 de octubre de 1984, Domingo Monterrosa murió luego de un atentado explosivo de la guerrilla, ocurrido en el municipio de Joateca, en las montañas de Morazán. La guerrilla activó una bomba en el helicóptero en que viajaba el comandante, junto a otros oficiales, periodistas de la Fuerza Armada y unos sacerdotes castrenses. 

Un día después,  la Asamblea Legislativa declaró duelo nacional. Tres días de duelo nacional: uno, dos, tres…

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¿Sí existieron? ¿Sí existen? Los oficiales denunciados por la Comisión de la Verdad y por Tutela Legal del Arzobispado sí existen, sí existieron. La gran mayoría eran oficiales graduados con honores, expertos en guerra, entrenados en la Escuela de las Américas.

Lo que no existe, o quieren hacer creer que no existe, es un registro de las actividades realizadas por cada uno de ellos en las fechas de las masacres. Ni de ellos ni de las tropas de San Miguel, San Francisco Gotera, más los comandos del Batallón Atlacatl que lideraron las masacres.

A los militares que han dirigido a la Fuerza Armada de El Salvador, durante los últimos 30 años, sus jefes, civiles, siempre les han creído que esos archivos no existen.

Por ejemplo, el 21 de julio de 1992, el juez Federico Portillo pidió a la Presidencia de El Salvador que informara de los operativos realizados por el ejército, en los días de las masacres, en el departamento de Morazán.

En respuesta, Óscar Santamaría, entonces ministro de la presidencia del gobierno de Alfredo Cristiani, contestó:

“Al revisar el libro de registro de operaciones militares que lleva el Ministerio de Defensa, no se encontró orden militar alguna para realizar operativos militares durante el mes de diciembre de 1981 en la zona de Meanguera, departamento de Morazán, ni antecedentes de ninguna clase que se relacionen con la supuesta operación militar”.

Esa respuesta se incluyó como ejemplo, por parte del Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para rechazar los alegatos de los demandantes, quienes aseguran que no se las ha hecho justicia. El Estado salvadoreño asegura que sí, que el caso ya fue juzgado. 

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Pintada que apareció en el caserío El Mozote después de perpetrada la masacre del 11 de diciembre de 1981.
Pintada que apareció en el caserío El Mozote después de perpetrada la masacre del 11 de diciembre de 1981.

El 1 de septiembre de 1994, el juez Federico Portillo aplicó al caso de las masacres de El Mozote la ley de amnistía de 1993. Lo cerró. ¿Pero a quién aplicó la amnistía, si los militares que perpetraron las masacres nunca existieron, porque según la Fuerza Armada los archivos de esos operativos no existen? ¿A quién hizo responsables, si no había -no hay aún- forma de comprobar que los denunciados estuvieron ahí?

Aunque el operativo sí existió, los verdugos no existieron, porque alguien quiere que así sea.

Pero los denunciados sí existieron. Siguen ahí, con una vida normal. El Faro encontró a uno el pasado octubre, y aunque no quiere hablar, no niega nada acerca de las masacres.

En sus informes, Tutela Legal del Arzobispado incluyó el nombre del subteniente Luis Ángel Pérez Reyes, como comandante de una sección del Batallón Atlacatl al momento de la masacre.

Pérez Reyes llegó a coronel en su carrera militar, y ahora trabaja como gerente de la alcaldía de Santa Rosa de Lima, en La Unión. Se molestó el coronel cuando El Faro, vía telefónica, le preguntó por la masacre en la que participó. 

“No estoy interesado en hablar”, dijo el coronel. “Eso pasó hace mucho tiempo ya”, se escudó el coronel. “¡No tengo tiempo!”, gritó el coronel. “Tal vez en otro momento la llega a leer usted (mi versión) en algún libro”, terminó el coronel, antes de colgar el teléfono.

El caso de las masacres de El Mozote ya no está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino en la máxima instancia de justicia continental: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso porque el gobierno civil siempre le ha creído a sus militares, porque ni la Fiscalía ni el juez fueron a secuestrar los archivos militares de la época, en lugar de pedirlos prestados. A menos que algo diferente ocurra, las masacres de El Mozote seguirán en la impunidad. A menos que ocurra algo más que pedir perdón a las víctimas por parte del Estado.